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Cd. de México (26 julio 2022)

El Sistema de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) ha tenido un desastre financiero.

El proyecto que integra a Diconsa y Liconsa, responsables de abasto social de productos de la canasta básica a precios subsidiados en comunidades rurales, tuvo en 2021 una operación plagada de irregularidades por al menos 9 mil 500 millones de pesos que provocaron que el despacho contable contratado para revisar sus estados financieros se negara a validarlos.


Segalmex, antes conocida como Conasupo, por ejemplo, no entregó evidencia del reparto de maíz y frijol por 212 millones de pesos, no tiene pruebas de la recepción de bienes o servicios que generaron pasivos por 269 millones y hay una diferencia de 476 millones entre el valor de granos registrado en el sistema y lo asentado en estados financieros.

Además, tres ex funcionarios, que no fueron identificados por su nombre, se robaron 29.6 millones de pesos que recibieron desde 2019 para “gastos de viaje y gastos a comprobar” y por los cuales ya hay denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), según enlistó el despacho Salles SainzGrant Thornton.

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Sobre Diconsa, en un escrito fechado el pasado 22 de marzo, expuso que no tiene pruebas de haber recibido múltiples bienes, servicios y arrendamientos por 447 millones de pesos, además de que, sin aval de la Secretaría de Hacienda, gastó 2 mil 104 millones de pesos adicionales al presupuesto que tenía autorizado.

Además, no hallan a la empresa Maison de Chance, la cual les vendió 300 mil litros de gel antibacterial y 2 millones de cubrebocas por 40 millones de pesos, los cuales ahora quieren devolver.

El 19 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador removió de la dirección de Segalmex a Ignacio Ovalle, veterano político priista y ex director de la Conasupo con Carlos Salinas, y lo reemplazó con Leonel Cota, ex Gobernador de Baja California Sur, de filiación morenista.

Por “razones de austeridad”, actualmente Segalmex, Liconsa y Diconsa tienen un solo cuerpo directivo.

En Liconsa, el despacho Salles Sainz-Grant Thornton reportó cuentas por pagar a corto plazo por 776 millones de pesos, pero no hay facturas para soportar su veracidad.

Tampoco hay documentos para cobrar mil 344 millones de pesos a terceros a los que Liconsa vendió mercancía.

Por esta vez, por lo que describió como “diversas limitaciones a su trabajo” y “faltas de atención significativas” para la entrega de documentos que involucran más de 9 mil 500 millones de pesos, Salles Sainz se negó a validar esas cuentas.