Propone también la creación dentro de la Policía Estatal Preventiva de una Unidad de Policía Rural que atienda y prevenga en fenómeno delictivo en comunidades rurales, rancherías, ejidos y campos pesqueros

La Diputada por el Municipio de Los Cabos, Eda Palacios Márquez presentó ante el pleno del Congreso del Estado una iniciativa para reformar y adicionar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para fortalecer y mejorar las prestaciones a policías municipales, policías estatales, agentes de investigación criminal, custodios penitenciarios, peritos, criminólogos y agentes del ministerio público.

Fundamentalmente propone incorporar en texto de ley, derechos a homologación y mejoramiento de salarios, estabilidad laboral, contar con fondos de ahorro, servicios deportivos, culturales y de recreo, servicios funerarios y ayuda para gastos de sepelio, servicios de orientación social, asistencia psicológica y de entorno familiar, programas de apoyo para guarderías a mujeres madres de familia, seguros de incapacidad por fallecimiento e incapacidad total o permanente en beneficio de ellos y de sus familias, programa de becas para sus hijas e hijos, y que sus familiares reciban, además del monto de seguro de vida o incapacidad, una indemnización cuando su muerte sea ocurrida en cumplimiento de su deber. Además de recibir estímulos que estén vinculados con su rendimiento, permanencia y eficacia.

Así mismo, propone la creación de una unidad de policías estatales designada para la zona rural, con los elementos que ya existen en la policía estatal, la cual será de gran ayuda para garantizarles el derecho a la seguridad a quienes habitan las zonas rurales, que son; productores agrícolas, ganaderos, pesqueros, ejidatarios y artesanos, que son presa de delitos como el abigeato, robos en implementos agrícolas y pesqueros, así como en otros delitos del orden común.

En su exposición de motivos la legisladora aseguró que los integrantes de los cuerpos policiales y de procuración de justicia también son titulares de derechos público subjetivos consagrados en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales y que, cualquier persona que preste un servicio público, como el de la seguridad y la procuración de justicia, tiene derecho a desempeñarlo en condiciones dignas y justas y recibir como contraprestación una remuneración y prestaciones que les permita a ellos y sus familiares gozar de un estándar de vida digno, por ello propone establecer en un cuerpo normativo las prestaciones económicas y bases de seguridad social mínimas que corresponden a dichos elementos por la función que desempeñan.

Dijo que la propuesta se fundamenta en el transitorio segundo de decreto publicado con fecha 18 de noviembre de 2022, por el que se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, que dispone que el Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública, fondo que no podrá ser inferior al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año, en el cual también se dispone que los estados deberán integrar un fondo estatal de apoyo a instituciones de seguridad pública cada año, mismos que deberán ser al menos en una proporción uno a uno respecto de los recursos que determine la federación en el fondo nacional de apoyo a la seguridad pública.

Finalmente, la diputada estatal dijo que reconoce los esfuerzos que realiza el Gobernador del Estado Víctor Manuel Castro Cosío, para mejorar las condiciones laborales del aparato de procuración de justicia y seguridad, mediante la nivelación y mejoramiento de sus percepciones, y que precisamente por ello, deben de quedar plasmados en la ley, para que los subsecuentes gobiernos le apuesten al fortalecimiento de los cuerpos de seguridad y procuración de justicia, al tiempo de hacer un llamado a legisladores federales a que pugnen por la integración del fondo nacional de apoyo a la seguridad pública establecidos en la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, “porque fue un compromiso que mientras la Guardia Nacional y las fuerzas armadas asumieran de manera temporal las tareas de seguridad pública, se fortalecería presupuestalmente a las corporaciones policiales de los estados.”