La diputada Guadalupe Saldaña Cisneros (PAN) afirmó que México sí necesita una reforma al poder judicial, pero una que sirva, y no esta farsa que está proponiendo Morena, la cual representa un riesgo para la democracia y los contrapesos en el país.
A través de un pronunciamiento, que presentó este martes en la sesión pública ordinaria del Congreso del Estado, señaló que hoy se está viviendo en nuestro país un proceso inédito ante la amenaza a la República y un atentado a un poder que le da democracia y equilibrio al país.
Subrayó que en el Senado de la República se están presentando acontecimientos que no se veían en décadas, entre amenazas a los legisladores y legisladoras, apertura de expedientes, desaparición de algunos familiares, ofrecimiento de gubernaturas y regalos millonarios.
En este contexto, destacó la importancia de que la sociedad esté atenta a la discusión de este tema y, sobre todo, que se entere de qué se trata y qué es lo que está en riesgo.
Desde la máxima tribuna del Estado, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) enfatizó: “Esta reforma que están proponiendo no soluciona absolutamente ninguna de las fallas que se tienen detectadas porque está atentando contra el poder judicial; ha sido el único poder que le ha puesto un alto al Ejecutivo. Por eso, es un tema en el que tiene que inmiscuirse toda la sociedad”.
Saldaña Cisneros puntualizó que esta reforma, que en su momento se debatirá en la XVII Legislatura, plantea un esquema de elección con trampas y advirtió que la gente no va a elegir a los magistrados, los va a elegir, pero con una lista que Morena les va a dar. Además, el esquema de elección no permite que la gente elija un perfil para estos espacios que le dan equilibrio al poder.
Precisó que en la Ciudad de México la lista será de 4 mil nombres para elegir 600 cargos; mientras que en Baja California Sur habrá más de mil nombres en una boleta.
También se propone la creación de un tribunal de disciplina, el cual calificó como “el tribunal de la inquisición”, toda vez que 5 personas podrán destituir e incluso encarcelar a un juez o a un magistrado que no dictamine conforme a lo que ellos consideren.
En cuanto al tema económico, indicó que se advierte un gran riesgo al no garantizar certeza jurídica para la inversión, pues, al desplomarse, no habrá ingresos ni para fondear los programas sociales.
