Trataron de sorprender a inversionistas con un soborno de $30 millones de pesos
Con falacias y cuentos de hadas, hoy hay quienes intentan enlodar al nuevo propietario, quien al verse inmiscuido en un intento de corrupción, prefirió esperar a la próxima administración y pagar lo justo y legal de su concesión Zofemat.
Vamos a tratar de explicar de manera clara, ya que pretenden ensuciar el nombre de Luz María Otañez, actual directora de Ingresos, un servidor público impecable con una trayectoria profesional intachable, demostrado a su paso por varias instituciones donde se ha desempeñado de manera profesional y apegada a la legalidad.
Todo surge a raíz de un viejo pleito jurídico por el predio San Cristóbal, el cual tuvo resolución judicial definitiva hace más de un año, donde los actuales propietarios decidieron poner al día los pagos de derechos e impuestos, ya que quien se ostentó como dueño muchos años, nunca cubrió esas obligaciones, por lo que acudieron al ayuntamiento de Los Cabos con la intención de pagar sus derechos en la concesión de la Zona Federal Marítimo Terrestre- Zofemat- en los meses previos del término de la pasada administración.
Los anteriores directores inmiscuidos en el intento de corrupción, desde las áreas administrativas pretendieron cobrar los 11 años de adeudos que tenía la citada concesión, proponiendo a los actuales dueños un pago oficial de $30 millones de pesos y otros $30 millones de pesos pagados en efectivo como soborno para el supuesto favor, justo antes de terminar la pasada administración.
Los actuales propietarios al escuchar la propuesta, decidieron esperar unos meses más y tratar el asunto con la actual administración municipal, lo que en su momento sucedió, logrando un solo pago de los derechos, recargos y actualizaciones de casi $30 millones de pesos para las arcas municipales, donde la dirección de Ingresos aplicó el Artículo 146 del Código Fiscal de la Federación (CFF) que específicamente señala que el crédito fiscal se extingue por prescripción en un plazo de cinco años.
Es de claridad jurídica que los funcionarios corruptos de la pasada administración municipal trataron de timar a los actuales propietarios del predio San Cristóbal, los cuales pagaron al gobierno de Los Cabos en una sola exhibición los derechos de concesión de su área Zofemat el día 24 de marzo de este año, con base a la facultad de la ley municipal de ingresos, en concordancia con el Código Fiscal de la Federación – CFF – en su artículo 146, cobrando los últimos 5 años de la deuda.
Es de crucial importancia señalar de la misma forma, que la actual administración encontró a su llegada en septiembre del 2024, según palabras del alcalde Christian Agúndez, » Un desastre administrativo”, lo que devino en más de 100 denuncias interpuestas ante la Contraloria municipal, además de procesos penales en contra de varios ex funcionarios ante la fiscalía anticorrupción de BCS, incluidos un ex tesorero, ex síndico e incluso el expresidente municipal «Oscar N”, por tal razón y en virtud de las facultades legales con las que cuenta el ayuntamiento de Los Cabos, condonó el pago de las multas, facultad otorgada al ayuntamiento de Los Cabos según el convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal signado entre el Gobierno Federal por conducto de la secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Baja California Sur y el Ayuntamiento de Los Cabos.
Cabe mencionar que el tema San Cristóbal ha tomado relevancia después del fallo judicial que dictó sentencia definitiva, lo que ha traído a los medios (a través de páginas muy identificadas con personajes del ámbito inmobiliario), temas como este del área Zofemat, así como el de los accesos a playas de un predio que se encuentra a kilómetros de la Carretera Transpeninsular, pretendiendo objetivos, por un lado para afectar al desarrollo inmobiliario en ciernes y en lo político por las viejas complicidades y negocios frustrados que pretendieron realizar al amparo de la ilegalidad.