• La iniciativa presentada por la Comisión Permanente de Igualdad de Género propone adicionar un párrafo donde el gasto público estatal se administre y ejerza con perspectiva de género, en observancia a los criterios ya establecidos como el de legalidad, honestidad, eficiencia, economía, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.
Buscando promover y hacer efectiva la incorporación de la perspectiva de género en el ciclo de la política presupuestaria, la Comisión de Igualdad de Género, presentó una iniciativa con proyecto de decreto, que propone que la administración de los recursos se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y perspectiva de género, ya que como se diseña actualmente, dificulta no sólo encontrar las asignaciones, sino además, visibilizar la aplicación y desempeño de los distintos programas presupuestarios bajo su responsabilidad.
La presidenta de la Comisión, diputada María Luisa Ojeda González, presentó en tribuna este martes 03 de octubre dicha iniciativa, argumentando que, desde la planeación y elaboración del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, debe permitir fortalecer la asignación presupuestaria progresiva con enfoque de género y de derechos humanos y a hacer posible la evaluación y un seguimiento minucioso que contribuya a identificar oportunidades de mejora de los recursos para las acciones, programas.
“El presupuesto público es uno de los instrumentos de política pública más importantes, ya que en este se reflejan las prioridades reales del Estado, adujo la representante del Partido del Sol Azteca, por ello, considera incorporar la perspectiva de género en las diferentes fases del ciclo presupuestario, ya que de continuar como está actualmente “el presupuesto continuaría actuando como factor reproductor de las desigualdades de género y contribuiría a que persista y, probablemente, a que se agrave la situación desfavorable de las mujeres en la sociedad”, fustigó.
Así mismo, su propuesta incluye cambiar el concepto de equidad de género por igualdad de género establecido en el Artículo 1 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Baja California Sur, ya que, el primero hace referencia a un imperativo ético asociado a la distribución “justa” de recursos y beneficios entre mujeres y hombres conforme a normas y valores culturales, en tanto que la igualdad, es un derecho humano universal e inalienable y alude a la igualdad de derechos, responsabilidades, oportunidades y resultados para mujeres y hombres, atendiendo a la diversidad de los grupos existentes.
En adición, es una norma de carácter internacional que no admite pactos en contario, pues el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, mejor conocida por sus siglas en inglés como CEDAW, exhortó y recomendó al Estado Mexicano en el año 2006, que en los planes y programas utilice sistemáticamente el término de “igualdad”, toda vez que asegura la igualdad de hecho y derecho entre mujeres y hombres.
En ese mismo sentido, la iniciativa propone adicionar un párrafo al artículo 3 mediante el cual se señale que el gasto público estatal deberá administrarse y ejercerse con perspectiva de género, en observancia a los criterios ya establecidos como el de legalidad, honestidad, eficiencia, economía, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.
“Consideramos también, adicionar las fracciones tercera y cuarta a los artículos 33 y 34 respectivamente, donde se establecen los mínimos de la estructura programática que deberá llevar el anteproyecto de presupuesto, para que se incluyan las acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma discriminación de género”, concluyó la legisladora.
