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Cd. de México (26 julio 2022)
El Sistema de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) ha tenido un desastre financiero.
El proyecto que integra a Diconsa y Liconsa, responsables de abasto social de productos de la canasta básica a precios subsidiados en comunidades rurales, tuvo en 2021 una operación plagada de irregularidades por al menos 9 mil 500 millones de pesos que provocaron que el despacho contable contratado para revisar sus estados financieros se negara a validarlos.
Segalmex, antes conocida como Conasupo, por ejemplo, no entregó evidencia del reparto de maíz y frijol por 212 millones de pesos, no tiene pruebas de la recepción de bienes o servicios que generaron pasivos por 269 millones y hay una diferencia de 476 millones entre el valor de granos registrado en el sistema y lo asentado en estados financieros.
Además, tres ex funcionarios, que no fueron identificados por su nombre, se robaron 29.6 millones de pesos que recibieron desde 2019 para «gastos de viaje y gastos a comprobar» y por los cuales ya hay denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), según enlistó el despacho Salles SainzGrant Thornton.
Sobre Diconsa, en un escrito fechado el pasado 22 de marzo, expuso que no tiene pruebas de haber recibido múltiples bienes, servicios y arrendamientos por 447 millones de pesos, además de que, sin aval de la Secretaría de Hacienda, gastó 2 mil 104 millones de pesos adicionales al presupuesto que tenía autorizado.
Además, no hallan a la empresa Maison de Chance, la cual les vendió 300 mil litros de gel antibacterial y 2 millones de cubrebocas por 40 millones de pesos, los cuales ahora quieren devolver.
El 19 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador removió de la dirección de Segalmex a Ignacio Ovalle, veterano político priista y ex director de la Conasupo con Carlos Salinas, y lo reemplazó con Leonel Cota, ex Gobernador de Baja California Sur, de filiación morenista.
Por «razones de austeridad», actualmente Segalmex, Liconsa y Diconsa tienen un solo cuerpo directivo.
En Liconsa, el despacho Salles Sainz-Grant Thornton reportó cuentas por pagar a corto plazo por 776 millones de pesos, pero no hay facturas para soportar su veracidad.
Tampoco hay documentos para cobrar mil 344 millones de pesos a terceros a los que Liconsa vendió mercancía.
Por esta vez, por lo que describió como «diversas limitaciones a su trabajo» y «faltas de atención significativas» para la entrega de documentos que involucran más de 9 mil 500 millones de pesos, Salles Sainz se negó a validar esas cuentas.
